Política energética, ¿una política de Estado?

Debates en Democracia
UPDATED: julio 13, 2018

ESTEBAN TOMIC ERRÁZURIZ
Abogado, cientista político, ex embajador ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA), y ex concejal por Las Condes

La excandidata presidencial Carolina Goic fue clara en afirmar que el rol del Estado debía ser fortalecido..

Llama la atención que se pueda siquiera ponerse en duda que la política energética es parte de las funciones primordiales del Estado, como lo son las políticas de salud, vivienda, educación, defensa o relaciones exteriores.

Pero el hecho es que lo que para algunos resulta tan evidente, para otros, en nuestro país, en los últimos cincuenta años, no lo ha sido. Es así como, recién en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, gracias, en buena medida, a la labor del ministro de Energía Máximo Pacheco, el Estado chileno asumió un rol decisivo en el diseño y puesta en marcha de una Agenda de Energía que se ha traducido en una propuesta de largo plazo que lleva por título “Energía 2050”.

La excandidata presidencial Carolina Goic propuso, en su programa de gobierno, “fortalecer el rol del Estado para asegurar condiciones de competencia en el mercado y cumplimiento de la normativa energética”.

Las razones para sostener la necesidad de fortalecer el rol del Estado en materia energética pueden dividirse básicamente en dos: aquellas de principio y aquellas de orden práctico.

Las primeras responden a la pregunta: ¿por qué debería el Estado ocuparse de la política energética? Las segundas se apoyan en el evidente efecto positivo que ha tenido, en tan solo tres años, la incursión del Estado en la materia. “Obras son amores y no buenas razones”.

I. Razones de Principio que justifican la existencia de una política de Estado en materia energética.

Según la definición clásica, Estado “es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano”.

Al Estado, en consecuencia, le corresponde “gobernar”, es decir, hacerse responsable de responder con eficacia ante circunstancias que pueden constituir una oportunidad o una amenaza para el país.

En nuestra historia más que bicentenaria, el rol decisivo del Estado ha quedado de manifiesto en momentos tales como la temprana adopción de un régimen constitucional estable (1833) que hizo de Chile una excepción entre los países que se independizaron de España a comienzos del siglo XIX.

Otro momento decisivo fue la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que, en palabras de la historiadora peruana Carmen Mc Evoy, fue posible “que la figura presidencial se desplegara a miles de kilómetros de Santiago y también de que un fiel heredero de la tradición portaliana asumiera la difícil tarea de ejecutar ‘el pensamiento del gobierno’ sobre un ejército celoso de sus fueros a la vez que fracturado por la competencia interna” . Esa guerra cambió el destino de Chile y la ganó “el Estado en forma” que, para entonces, ya tenía medio siglo de vigencia.

Pero el rol central e indispensable del Estado no fue siempre reconocido por las fuerzas políticas que gobernaron Chile. Así ocurrió después de la revolución de 1891, en que se impuso la llamada “república parlamentaria”, la cual echó marcha atrás a los planes de Balmaceda, destinados a industrializar el país aprovechando la riqueza del salitre.

Otro tanto ocurrió casi un siglo más tarde, en 1973. Desde entonces y hasta hoy, pesa sobre el Estado el remoquete de “subsidiario” consagrado en la Constitución, que limita de esa manera su eventual rol como empresario.

La excandidata presidencial Carolina Goic fue clara en afirmar que el rol del Estado debía ser fortalecido. Esto es especialmente válido en relación con la generación, transmisión y distribución de la energía.

Chile es un país que depende vitalmente de la energía para su desarrollo. Esto tiene que ver, muy en especial, con su condición de país exportador, abierto al mundo como pocos otros. Desde que, a comienzos del siglo XX, se inició la economía basada en el petróleo, Chile se vio a sí mismo como un país vulnerable, pues no disponía de ese recurso, ni tampoco de cantidades significativas de gas. Eso explica que, en los años 30 y 40 del siglo XX, el Estado, al crear la Corfo y empresas como Endesa y Enap, se hiciese cargo de garantizarle al país fuentes propias de energía para dar viabilidad al recién iniciado proceso de industrialización.

En los años 80 del siglo pasado, todo ese esfuerzo fue cancelado por una privatización “a rajatabla”. Fue el llamado “Modelo de Chicago”. Sobre esto quiero citar la opinión de Alejandro Foxley, quien encabezó el equipo económico de Carolina Goic: “Cualquier texto de economía va a decir que si usted abre su economía de verdad, va a instalar libre competencia; porque si no tiene competencia interna vendrá una empresa extranjera que obligará a bajar los precios o bien vamos a importar. Lo que no se indicó entonces es que cuando tienes un país con un mercado muy pequeño, muy distante de los países desarrollados, tienes un conjunto de actividades, principalmente de los servicios regulados y no regulados (…) que empiezan a tener mucho éxito, a comprar a los otros y terminas en que mercados muy importantes son dominados por dos o tres empresas y éstas, o se ponen de acuerdo entre sí y suben los precios, o simplemente hay uno que sube los precios y los demás lo hacen de inmediato” .

Para concluir esta enumeración de razones que he llamado “de principio” y que justifican que el Estado asuma un rol activo en materia de energía, hablaré de nuestro cobre.

Es un hecho que la recuperación del cobre se hace mediante la electrólisis, la cual exige ingentes cantidades de electricidad. Sin electricidad, no habría cátodos de cobre. Y, sin cobre, no habría transmisión ni distribución de electricidad..

Es un hecho que la recuperación del cobre se hace mediante la electrólisis, la cual exige ingentes cantidades de electricidad. Sin electricidad, no habría cátodos de cobre. Y, sin cobre, no habría transmisión ni distribución de electricidad. Esta relación, que podríamos llamar “de Yin y Yang”, entre el mineral y la energía eléctrica, abre nuevas perspectivas para nuestro país.

Podríamos aprovechar, por ejemplo, los enormes recursos potenciales que tiene Chile en energía solar —se estima que con la radiación solar que recibe el desierto de Atacama se podría proveer de electricidad a buena parte de América del Sur— para generar un mercado energético con nuestros vecinos. Esto, a su vez, nos permitiría crear una sólida base de integración económica regional, propósito de gran contenido estratégico que lleva medio siglo sin dar los frutos esperados.

II. Razones de orden práctico que justifican una política de Estado en la materia.

Lo dicho anteriormente tiene, afortunadamente, su confirmación en lo acontecido en Chile en los últimos tres años. En efecto, en mayo de 2014, el gobierno publicó el documento “Agenda de Energía, un desafío país, progreso para todos”, cuyo eje número uno se titula: “Un nuevo rol del Estado”.

En su primer párrafo se lee lo siguiente: “Los desafíos de las próximas décadas requieren un Estado que, con el objeto de garantizar el bien común de los chilenos y chilenas, articule a los diversos actores en torno a una visión compartida y oriente el desarrollo energético”.

Eso es lo que ha ocurrido, de una manera tan espectacular, que no dudamos en calificar de “revolucionarios” los resultados.

Cinco pruebas al canto:

  1. La Agenda de Energía se propuso reducir en un 30% el costo marginal del MWh, el cual, en 2013, alcanzó, en promedio, US$ 151,36. La meta era que el costo del MWh fuese igual o inferior a US$ 105,96 en 2017. Resultado: en 2016, el costo promedio del MWh fue de US$ 59,6. Es decir, la meta fue alcanzada un año antes y a un valor 50% inferior.
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  3. En el breve período de los tres últimos años, se aprobaron siete leyes, uno de cuyos objetivos prioritarios era generar más competencia en el sector. Estas leyes fueron votadas favorablemente, de manera transversal, en el Congreso, lo que permite constatar que los notables éxitos obtenidos son también mérito del cuadro político en su conjunto.
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  5. Un dato relevante: al inicio de este período de gobierno, tres empresas, Endesa, Colbún y AES Gener, dominaban el 75% de la generación eléctrica. En la licitación eléctrica de 2013, se presentaron dos empresas. En la de 2014, fueron 18. En la de 2015, el número aumentó a 38 y, en la de 2016, a 84.
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  7. Raúl Sohr —quien, con su preocupación por el tema, ha hecho una gran contribución a la creación de conciencia sobre la materia— relató, en su libro Chile a Ciegas, la triste realidad de nuestro modelo energético, que, en 2013, “estaba en estudio una pequeña granja solar que suministre energía eléctrica a San Pedro de Atacama, como una experiencia piloto” . En el mapa que figura en dicho libro, el único proyecto solar es esta granja. Hoy, cuatro años más tarde, hay 53 proyectos fotovoltaicos operativos a lo largo de Chile, con una capacidad instalada de 2.146 MWh . Casi tanto como lo que prometía HidroAysén.
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  9. La Agenda de Energía se propuso, entre sus metas, “desarrollar al año 2015 una Política Energética de largo plazo, validada por la sociedad chilena, mediante un proceso participativo y regional”. Hoy, el país dispone de la hoja de ruta “Energía 2050, Política Energética de Chile”, que es el resultado de un año y medio de trabajo, durante el cual se hicieron más de 130 talleres regionales con la participación de alrededor de 4.000 personas.

“Este proceso ha desvanecido las opiniones particulares a favor de una convicción fundada y colectiva en materia energética, con un enfoque descentralizado y con metas para las distintas regiones del país”

Concluyo citando al ministro Pacheco: “Este proceso ha desvanecido las opiniones particulares a favor de una convicción fundada y colectiva en materia energética, con un enfoque descentralizado y con metas para las distintas regiones del país, todo esto sometido, por primera vez, a los lineamientos de la evaluación ambiental estratégica. La energía, cuando se orienta hacia el bien común, constituye un motor fundamental para construir juntos un futuro mejor para las nuevas generaciones”.

Carolina Goic suscribió con entusiasmo esta política de Estado. Será un desafío para el actual gobierno continuar esta notable labor.

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